El gobierno de Honduras busca proteger a sus bosques del hombre y del fuego

Días después de que la organización ecologista Global Witness denunciara la complicidad del gobierno de Honduras en la gran deforestación que afectó a la Biosfera del Río Plátano entre 2006 y 2007, el presidente hondureño, Manuel Zelaya, lanzó una campaña para proteger la masa forestal del país.

El 28 de enero de este año, Global Witness presentó en Tegucigalpa “La tala ilegal de la Biosfera del Río Plátano. Una farsa en tres actos”, informe en el cual subraya la incapacidad del  gobierno de  Manuel Zelaya para erradicar la deforestación (por cierto, suprimir la tala ilegal fue uno de los compromisos enunciados por Zelaya al asumir la presidencia).

Según el informe, la política forestal instrumentalizada por Zelaya no solo fue negligente, sino que también “promovió más tala ilegal”; la contundencia del informe señala la colaboración del estado con las prácticas criminales: “fueron talados ilegalmente al menos 8.000 metros cúbicos de caoba, y hasta un millón de dólares de fondos públicos se entregaron de manera indirecta a conocidos traficantes de manera ilegal”.

La frustración ante las promesas incumplidas derivó en indignación por la utilización de los fondos públicos: la denuncia de la organización ecologista repercutió con intensidad en ámbitos locales e internacionales. La respuesta del gobierno ha sido la puesta en funcionamiento de una campaña para combatir los daños producidos por el hombre y el fuego: casi 120.000 hectáreas de montes se pierden anualmente, según datos de las autoridades.

La realización de la operación fue encomendada a las Fuerzas Armadas (desde hace años la protección de los bosques está bajo su jurisdicción) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF); aunque es indispensable la colaboración de otros estamentos del estado y de la sociedad civil para que Honduras pueda efectuar una gestión sustentable de sus bosques.